Guardia militarizada
La “militarización” de la Guardia Nacional es un tema que tiene preocupado a muchos, pues este nuevo cuerpo de seguridad es el que se encargará de cuidar a los mexicanos y el hecho de que sea dirigido por militares ha causado desconcierto, por ello en el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “las ocho sillas en el escenario de Palacio Nacional donde el Presidente ofrece sus mañaneras fueron ocupadas por cinco hombres y una mujer en uniforme, así como dos civiles. El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, presentó al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la nueva Guardia Nacional. Otros tres uniformados habrán de integrar la Coordinación Operativa Institucional del nuevo cuerpo de policía. Rodríguez Bucio está en proceso de retiro del Ejército. El contralmirante Gabriel García Chávez, quien representará a la Marina en la Coordinación, está ya en retiro y el general Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, quien participa por la Defensa, está en proceso de retiro también. Sin embargo los militares no dejan de serlo por pasar a retiro. La doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, también en uniforme, no es militar sino comisaria general de la Policía Federal. Llama la atención que dijo tener ¡12 doctorados! No sé cómo sea posible, pero ese es otro tema. Es paradójico que la izquierda, que tradicionalmente ha cuestionado el uso del Ejército como policía y se ha quejado de los abusos de los militares a los derechos humanos, hoy esté militarizando la institución que asumirá el papel más importante de seguridad interior […]. El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un enorme esfuerzo para impulsar una Ley de Seguridad Interior que permitía el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior y que finalmente fue invalidada por la Suprema Corte. Morena y algunos activistas fueron los principales opositores a esta ley. Ya como Presidente, sin embargo, López Obrador ha llegado a la misma conclusión que sus dos predecesores inmediatos, Peña Nieto y Felipe Calderón: la militarización es, de momento, inevitable. No hay razones para pensar que las Fuerzas Armadas cometen más violaciones a los derechos humanos que las policías. Sí están, sin embargo, más organizadas para actuar de manera eficiente. La nueva Guardia Nacional tendrá, por supuesto, que desarrollar protocolos de actuación en derechos humanos […]. A final de cuentas la Guardia Nacional tendrá que ser juzgada por el cumplimiento del propósito de disminuir la delincuencia y la violencia. No hay indicios de ello hasta ahora […]. A todos nos conviene que sea un éxito, sin importar qué tan militarizada pueda estar”.

En cuanto a los cambios realizados al proyecto de la Guardia Nacional, en el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, escribe que: “el ‘mando civil’ en la Guardia Nacional fue un engaño a la ciudadanía. Lo vemos con claridad. Ni el recién nombrado comandante en jefe, Luis Rodríguez Bucio, ni nadie de los 30 mil policías militares y navales que se van a incorporar, están obligados a pedir licencia de las Fuerzas Armadas. Sus mandos superiores estarán en la Sedena y en Marina. Van ‘comisionados’ a la Guardia Nacional, para usar el término de Alfonso Durazo[…]. Espejismo en el desierto. El documento que los coordinadores enviaron al pleno del Senado para su discusión y aprobación, llegó modificado precisamente en su artículo Cuarto Transitorio. Había desaparecido el punto que obligaba a los militares a pedir licencia de las Fuerzas Armadas. En su lugar decía que los requisitos para pertenecer a la Guardia Nacional los determinarán ‘las leyes aplicables’. El segundo documento trae también las firmas de todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política: Monreal, Kuri, Ruiz Massieu, Dante, Mancera. Pero casi nadie se dio cuenta del cambio. Fue hasta el sábado siguiente que el colectivo Seguridad sin Guerra se enteró de la modificación. Por esas fechas, AMLO dijo que sería un militar en activo y lo cumplió. Con otra: apenas, ayer, llegó al Senado la iniciativa de Ley Orgánica de la Guardia Nacional […].  El sentir generalizado en las ONGs y la academia es que el presidente López Obrador apostó por la misma estrategia de Felipe Calderón: la militarización de la Seguridad Pública. No sólo eso. Desnaturalizó el pacto que se alcanzó en el Senado con la oposición. Parece que poco le importa el Congreso. Él quería su mando militar. Ya lo tiene. La bronca es que deja desarmados a los coordinadores parlamentarios de Morena: Ricardo Monreal, en el Senado, y Mario Delgado, en San Lázaro. No respeta lo que ellos pactan”.

Sobre el papel de la Guardia Nacional en el combate al crimen, en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “aunque no está plenamente en marcha, pues faltan por aprobarse las leyes secundarias y que comience el reclutamiento de miles de aspirantes, la Guardia Nacional comienza a tomar forma […]. Organismos de la sociedad civil, analistas y legisladores de oposición cuestionan el enfoque militar que parece envolver al nuevo organismo, a pesar de que la iniciativa aprobada por unanimidad en el Senado establece que debe tener carácter civil. Los riesgos de mantener una orientación militar en las labores de seguridad han sido profusamente argumentados por especialistas. El gobierno federal insiste en que la disciplina de los elementos estará basada en el respeto a los derechos humanos y que el uso de la fuerza se reglamentará bajo estándares internacionales. En el mediano plazo los hechos demostrarán quién tuvo la razón, si los organismos sociales o las autoridades […]. La militarización de la seguridad pública desafortunadamente no garantiza la pacificación de las regiones que presentan elevados índices de homicidios dolosos, de extorsiones o de secuestros. Fuerzas castrenses han participado desde 2006 en el combate al crimen sin que los índices hayan disminuido, por el contrario, se han incrementado […]. La violencia no parece distinguir entre gobiernos de izquierda o de derecha. El Presidente López Obrador ha tenido que reconocer que le llevará más tiempo bajar la incidencia delictiva. Mientras la criminalidad no cede, buena parte de las corporaciones policiacas municipales y estatales permanecen con equipo obsoleto y escasos recursos. Este aspecto no debe marginarse, pues se encuentra entre los acuerdos alcanzados hace dos meses en la Cámara Alta. Los estados no tienen por qué ignorar su responsabilidad en la protección de sus ciudadanos. La Federación tiene que ejercer una labor de presión. Es por el bienestar general”.

Sobre la decisión de nombrar a “militares en retiro” para esta nueva corporación, en el Reforma, la periodista Carmen Aristegui, escribe que: “Michelle Bachelet, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, se dijo sorprendida y alarmada por las cifras de violencia con las que se encontró en su visita a México esta semana […]. Las cifras de violencia en México son propias de un país en guerra, dijo Bachelet y, obviamente, le asiste la razón. El Presidente López Obrador usó la misma palabra: guerra. Llevamos años utilizando la expresión, casi hasta verla con naturalidad. La guerra que se emprendió para combatir la inseguridad y la violencia en los sexenios pasados ha trastocado los ejes fundamentales de la convivencia pacífica en porciones muy grandes del territorio nacional. La apuesta de López Obrador es una mezcla de ingredientes que van desde atender las causas que dan origen, en parte, al problema con la generación de becas, empleos y atención a los jóvenes, hasta fortalecer valores culturales, morales y espirituales […]. Más allá de consideraciones morales o modelos de vida como los que sugiere el Presidente, el gran desafío es instalar en México una cultura de la legalidad y un nuevo paradigma de rechazo social a conductas que hasta ahora han sido ampliamente toleradas como la corrupción, el abuso, la mentira y, por supuesto, la impunidad. La violencia no paró, no podía parar, con un simple cambio de gobierno […]. Andrés Manuel decidió apostar de nuevo por los militares. La Guardia Nacional se convierte en la principal apuesta del sexenio para enfrentar la inseguridad y la ola de homicidios y criminalidad. Después de un proceso tormentoso y cambios sustanciales en la iniciativa original, se aprobó, a la velocidad del rayo, este nuevo cuerpo en el que concurren fuerzas civiles y militares pero que, finalmente, contará con un mando militar. La oposición pasó del consenso pleno y unánime del proyecto votado a los cuestionamientos al Presidente por haber decidido nombrar a un general ‘en proceso de retiro’. Se acusa ilegalidad y falta de respeto al Legislativo, al no haberse cumplido la condición de nombrar a un civil como el comandante en jefe de la Guardia Nacional […]. Por más que se diga que está en ‘proceso de retiro’, es un militar por los cuatro costados […]. El costo político a pagar está en curso. Lo que queda esperar es la eficacia de la medida. En medio de todo y con el monstruo enfrente lo que queda ya es conceder el beneficio de la duda. Ese que parece haber concedido la comisionada Bachelet al esquivar en todo momento, durante su visita, el tema del mando militar en la recién creada Guardia Nacional”.

Ante la inminente conformación de la Guardia Nacional, en el Excélsior, su director, el periodista Pascal Beltrán del Río, escribe que: la participación de militares en tareas de seguridad pública debería ser una solución temporal para enfrentar la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. También, […] no me gustó cómo el hoy Presidente de la República contradijo su discurso de campaña de regresar gradualmente a soldados y marinos a sus cuarteles […]. Creo que lo adecuado hubiera sido retomar lo que los gobiernos anteriores habían comenzado, con la participación de la sociedad civil, y no pudieron llevar a término: la construcción de cuerpos policiacos civiles, bien entrenados y sujetos a controles de confianza […]. Se le podrá llamar de otra forma –Guardia Nacional– y los militares involucrados podrán separarse de sus funciones castrenses, pero eso no quita que la mayor parte de los miembros de la nueva institución procede de las Fuerzas Armadas, incluyendo a sus mandos. La estrategia es la misma. Dicho eso, yo doy el beneficio de la duda a la Guardia Nacional. Su conformación es un hecho […]. Apoyo a la Guardia Nacional en su arranque porque representa nuestra única oportunidad como país para lograr la paz en las calles, al menos en lo que toca al uso legítimo de la fuerza del Estado. La apoyo porque las personas a las que se colocó al frente del nuevo cuerpo de seguridad […] son conocedoras de la materia. La apoyo, porque tengo confianza en las Fuerzas Armadas. Lo he escrito muchas veces: el Ejército y la Marina son las mejores instituciones del país, probadas muchas veces en su compromiso con la sociedad. Le deseo éxito, porque si fracasara en su tarea de pacificar al país, ¡ay de nosotros! […]. Al final del sexenio habrá un juicio ineludible sobre la estrategia de López Obrador. Los números dirán si tuvo razón o no. Suyo y de nadie más será el éxito o el fracaso de la Guardia Nacional. Por el bien de todos, ojalá sea lo primero”.

Por su parte en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “organizaciones de la sociedad civil se niegan a aceptar la designación del general en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional. Algunos de los líderes de las ONG, nos dicen, trabajan en el terreno legal para impulsar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que la nueva institución no tendrá un mando civil. A esto hay que sumarle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó estar abierta a apoyar a las organizaciones civiles, siempre y cuando existan las condiciones jurídicas. De esta manera, nos dicen, calculan que el nuevo cuerpo de seguridad no la tendrá nada fácil para comenzar a operar. Ya se verá cómo evoluciona el tema en un proyecto bandera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En tanto, en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “con el tema Guardia Nacional, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cerrará hoy la Conferencia Nacional de Secretarios de las Regiones Noreste y Noroeste en Hermosillo, en la que también se revisarán acuerdos, combate al plagio, fondo de aportaciones y Plataforma México. Entre los participantes están la subsecretaria Patricia Bugarín, el director antisecuestro, Jesús Jiménez Granados, la alcaldesa neoleonesa Clara Luz Flores, el directivo del Inegi Adrián Franco y el jefe policiaco sonorense José David Anaya”.

CNTE
La Reforma Educativa sigue siendo un problema sin solución, pues en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “ni para atrás ni para adelante. Avanzan las semanas y el movimiento magisterial sigue como un alud derribándolo todo. Tras una reunión a puerta cerrada que se extendió por casi seis horas, maestros de Oaxaca se retiraron sin acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, con la misma exigencia, la ‘abrogación, no simulación, de la Reforma Educativa’. Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reiteró su exigencia de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se siente a la mesa de negociaciones. Como siempre, les gusta esconder las soluciones. Tentativamente, se volverán a reunir para dialogar el próximo el miércoles 17 de abril. Muy mal. Siguen las vacaciones obligadas”.

Fifí
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “que lo arrestaron en Londres, habría que preguntarle a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, si no fue él quien filtró la carta de López Obrador para el rey de España. Al menos la cara de fifí, sí la tiene”.

Redacción/SinEmbargo

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